La evidencia desmembra las posiciones políticas apoyadas en falacias y desajusta calibradas argumentaciones sobre porvenires inventados. La realidad afecta al discurso político porque, y cada vez más, hay un ancho río entre la una y el otro.
Durante años, Álvaro Uribe fue el faro del conservadurismo latinoamericano, el niño mimado de la Casa Blanca y el hombre más poderoso de Colombia. Por un tiempo, Juan Manuel Santos, conservador para el mundo pero progresista al lado de su exfeje, usurpó ese sitial de privilegio, pero poco después fue despojado por el propio Uribe, a través de un delfín obediente.
Militarista, violento, vehemente, Álvaro Uribe desarrolló una política de ofensiva militar contra la guerrilla colombiana, en especial las FARC, desmovilizó amistosamente a los paramilitares de ultraderecha y atacó con furia al narcotráfico. Al final, se colgó la medalla de la presunta pacificación de Colombia porque, de acuerdo a su óptica, y la de sus aliados y jefes, en su gestión Uribe desarmó a los paras, acorraló a las FARC y redujo el poder narcotráfico, convirtiendo a Colombia en un país bien conceptuado por los centros de poder occidentales.
Hoy, muchos años después, la evidencia desarma los triunfos de Uribe a partir de informes e informaciones sobre la producción de coca y el aumento de casos de asesinatos políticos.
De acuerdo al Defensor del Pueblo colombiano, Carlos Alfonso Negret, en tres años (abril 2016 a abril 2019) han sido asesinados 479 líderes sociales y otros 982 recibieron amenazas.
La voz del Defensor del Pueblo le otorga al odioso número algún respaldo oficial, pero más como un piso que como una cifra certera, evidenciando la caja de Pandora que se oculta debajo de los cadáveres y las amenazas y las agresiones de líderes sociales en un país en el que el Estado brilla por su ausencia en gran parte del territorio.
Pero más allá del número (pocas cosas tan odiosas como contar muertos y debatir en torno a la legitimidad de un reclamo o de un proceso histórico alrededor de los decesos), el fenómeno evidencia las consecuencias de hacer política en Colombia.
Por otro lado, o por el mismo, pues en esta ensalada todo tiene que ver con todo, la ONU reveló que el 70% de la cocaína se produce en Colombia. Sí, todavía.
Miles de millones de dólares en seguridad de última generación vía Plan Colombia, la consecuente dependencia económica y política de Estados Unidos, el sostenimiento de un discurso agresivo y violento, que reguló (y regula) la política colombiana y tuvo un impacto terrible en la sociedad y no se cumplieron los objetivos de mínima: ni acabaron con el narcotráfico ni con la violencia política.
Entonces, ante la evidencia, queda la revelación: ¿alguna vez hubo interés en reducir el narcotráfico y la violencia política?, ¿es posible cumplir tales objetivos con un Estado ausente en casi todo el territorio colombiano?, ¿hay democracia en Colombia? No, no, no y no.
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