Los nuevos acuerdos firmados por el gobierno ecuatoriano con Estados Unidos ratificaron dos cuestiones sobresalientes: por un lado, que Lenin Moreno y Lucio Gutiérrez tienen mucho en común, ambos se dieron vuelta cual tortilla luego de recibir el favor democrático del pueblo. Y por el otro, la influencia estadounidense en cada uno de los sucesos políticos de nuestra región y el aumento de la presencia militar norteamericana en los países afines.
Es una regla implícita: fortalecer relaciones con la principal potencia mundial implica una política de permisividad con las fuerzas militares estadounidenses. No hay alternativa en este sentido.
Los numerosos acuerdos firmados por Brasil y la Argentina tras la llegada de los gobiernos de derecha, por ejemplo, son muestra de ello. Lo mismo está sucediendo con Ecuador, bajo el pretexto del matrimonio de siempre: terrorismo internacional/narcotráfico.
Algunos acuerdos relevantes de 2018
Abril: memorándum de entendimiento con la DEA (Agencia Antidrogas) y el Servicio de Inmigración (ICE) estadounidenses, para un “intercambio de información y experiencias de lucha contra el lavado de dinero”. El asesinato de los tres periodistas ecuatorianos en la frontera con Colombia no fue aislado. Desde el año pasado, ya los medios repetían información sobre la violencia que llegaba de la frontera noreste. En este contexto, la muerte de los periodistas fue como la frutilla del postre. El 25 de abril, el ministro del Interior de Ecuador, César Navas, y el embajador estadounidense, Todd Chapman, suscribieron un memorándum de entendimiento y un convenio de cooperación. El acuerdo indicaba, en primer lugar, que la Administración para el Control de Drogas (DEA) y el Departamento de Inmigración y Control de Aduanas puedan “trabajar” en Ecuador para “intercambiar información y ayudar a crear nuevas estrategias para el control de mafias narcodelictivas” (1) ¿El Motivo? “La situación de la frontera anda cada vez peor”, resumió Navas. En el mismo acto, se concretó la Unidad de Investigaciones Criminales Transnacionales (TCIU), con el objetivo de “desarrollar operaciones y estrategias conjuntas para enfrentar las actividades narcodelictivas en la frontera colombo-ecuatoriana (2).
Una semana después, ya en mayo, Estados Unidos donó a la policía ecuatoriana equipos de seguridad, en el marco de del programa de “Asistencia Antiterrorista” del Departamento de Estado norteamericano. El objetivo fue “garantizar la seguridad del país y evitar el ingreso de sospechosos de terrorismo”, informó la Embajada en esa oportunidad. Y hacia finales de mes, el Subsecretario de Seguridad yanqui, Sergio Peña, visitó el país sudamericano con una agenda enfocada en ampliar las relaciones bilaterales y de cooperación en materia de seguridad. Los acuerdos fueron secretos (3).
En junio, el vicepresidente Mike Pence visitaba Ecuador y la embajada gringa en Quito anunciaba una serie de acuerdos, muchos de ellos relacionados con la seguridad. Por un lado, el país sudamericano ingresó a la “Iniciativa de Seguridad de Contenedores”, que consiste en la entrega de elementos específicos para detectar carga potencialmente peligrosa en los barcos que viajan a Estados Unidos. Además, suscribió un acuerdo para recibir fondos, en el marco de los “Programas de Observancia de la Ley”, a través del cual Washington entrega una montaña de plata para el “fortalecimiento de capacidades y programas de asistencia técnica en Ecuador en las áreas de justicia penal y observancia de la ley”. También se firmó un memorándum para colocar a un oficial de enlace ecuatoriano en la Fuerza de Tarea Conjunta Interinstitucional-Sur en Cayo Hueso, Florida, para “participar en los esfuerzos de detección y vigilancia e impedir el narcotráfico”. Ecuador aceptó recibir “capacitación y asistencia para reforzar” la lucha contra “amenazas del crimen organizado” internacional y los desastres humanitarios, entre otros acuerdos (4).
También en junio, se anunció el regreso de Ecuador a las maniobras militares lideradas por el oscuro Comando Sur norteamericano, tras 11 años de ausencia. Las maniobras navales, llamadas “UNITAS”, comienzan a fin de agosto en Colombia y cuentan con la participación de países “amigos” de la Casa Blanca, como Argentina, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Estados Unidos, Honduras, Inglaterra, México, Panamá, Perú y República Dominicana.
¿Qué implica?
Mientras pelucón Trump designaba a 2018 como “el año de las Américas” (para ellos, su gentilicio es “americano”, por lo tanto se asume que el plural está de más), el giro neoconservador de la región fortaleció la presencia de Washington, luego de poco más de una década de gobiernos independentistas.
En Ecuador, la situación tiene matices bastante particulares dado el giro abrupto adoptado por el gobierno de Moreno. Cabe recordar que Rafael Correa dejó el mando con un alto nivel de aceptación y que el presidente electo formaba parte de su mismo partido, por lo tanto representaba el mismo sector político y prometía un continuismo en cuanto a la dirección del gobierno. Eso fue lo que eligió el pueblo a través del voto.
Sin embargo, al asumir, Moreno pegó un volantazo tremendo, comenzó a enjuiciar a funcionarios del gobierno anterior, se alió con sectores neoconservadores, se acercó a Estados Unidos y lideró una persecusión implacable contra Correa, primero impulsando un referéndum que le impidiera al expresidente volver al poder, y luego promoviendo una serie de acusaciones judiciales casi ridículas, sin ningún tipo de sustento.
Para entender mejor las diferencias, en 2009 Correa ponía fin a la base militar estadounidense en Manta, obedeciendo a la Constitución ecuatoriana, que impedía la instalación de bases extranjeras en territorio nacional. Nueve años después, el gobierno que supuestamente debía continuar con las mismas políticas, suscribía decenas de acuerdos con la potencia hegemónica para volver a situarse bajo el paraguas estadounidense y desarmar lo construido con mucho esfuerzo en años de avances independentistas.
La reversión ecuatoriana, sumada a la argentina y la brasileña, más la creación del Grupo Lima, provocó un vuelco político tremendo en la región, dejando a Bolivia como el único gobierno progresista con cierta estabilidad, ya que Venezuela y Nicaragua están acosados por crisis y manifestaciones opositoras, mientras que AMLO apenas si asume en un híper controlado México.
En este contexto, la militarización es un proceso crucial para Washington como una herramienta más de control sobre otros países, además de cumplir con una finalidad económica, ya que estos acuerdos por lo general incluyen compra de material bélico a empresas militares norteamericanas.
Así como los tratados de libre comercio y la presión política a través de organizaciones supranacionales para reducir controles aduaneros y favorecer la movilidad de capitales especulativos generan dependencia económica, la presencia militar y los acuerdos en materia de seguridad reducen la independencia soberana y facilitan los trabajos de espionaje.
Con los ejemplos de casi un siglo de dominación estadounidense, queda más que claro que la ayuda militar tiene poco de ayuda y mucho de mecanismo de control. ¿Por qué, entonces, estos acercamientos que apriori parecen nocivos?
En primer lugar, no hay que olvidar el aspecto ideológico. Hay en sectores conservadores un fuerte convencimiento de que el alineamiento total con Estados Unidos y la aplicación de medidas ortodoxas en materia económica resultan beneficiosos para cada país.
Por otro lado, los gobiernos neoconservadores carecen de bases populares muy amplias. Se nutren más del descontento popular con gestiones anteriores y de un amplio apoyo judicial y mediático, pero no cuentan con respaldo de base más allá de una coyuntura. El alineamiento con Estados Unidos, entonces, resulta crucial para mantener el poder a través del respaldo internacional.
El único factor que altera el orden impuesto desde la Casa Blanca es precisamente el orden impuesto desde la Casa Blanca. ¿Cómo? Por la sencilla razón de que la apuesta económica, social y política (apertura irrestricta de fronteras para capitales y bienes, control policial de la sociedad, construcciones mediáticas fantasiosas, dominación judicial y prohibición política de los movimientos más progresistas) es de tiro corto. En el terreno real, no tiene muchas posibilidades de tener éxito y la retórica de “culpa del gobierno anterior” tarde o temprano se agota.
¿Qué queda en ese momento? Crisis, muertes, sufrimiento y el resurgimiento de los gobiernos populares para levantar el muerto y que la rueda vuelva a girar.
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