Por Sharon Cano y Ana Laura Flores*
Publicado en Animal Político
El gobierno de Andrés Manuel López Obrador ha señalado en reiteradas ocasiones el interés de dar un trato preferencial a las y los indígenas del país. En este sentido, en los 100 compromisos que guían sus acciones encabeza la lista “dar atención especial a los pueblos indígenas y preferencia en los programas y proyectos gubernamentales1”; este compromiso, dada la entrega de transferencias monetarias directas, tiene estatus de cumplido, pero, ¿qué pasa con las políticas públicas, los programas y las acciones gubernamentales que en términos reales, y de largo plazo, favorecen el acceso y ejercicio de derechos para estas poblaciones?
En México, las personas indígenas enfrentan serios retos, particularmente las mujeres. Según la Encuesta Nacional sobre Discriminación (Enadis 2017) más del 40% de las mujeres indígenas consideran que sus derechos se respetan poco; el 24.5% señala haber experimentado situaciones de discriminación y al 15.2% se le han negado servicios de atención médica o medicamentos2. Resulta preocupante que continúen sin tener pleno acceso a sus derechos humanos, como la salud sexual y reproductiva.
En el marco del conversatorio “Mujeres Indígenas y Sexualidad, mujeres indígenas de Baja California, Campeche, Chiapas, Guerrero, Oaxaca y Yucatán señalaron los principales retos que enfrentan en torno a este tema, como los prejuicios, tabúes y el estigma; la escasa información para vivir una sexualidad libre e informada; no contar con personal bilingüe en algunas unidades de salud; la existencia de pocos materiales en lenguas indígenas y con pertinencia cultural; que el personal médico no está suficientemente capacitado y no respeta la confidencialidad de las consultas; que no hay espacios privados para hablar abiertamente y plantear con confianza las dudas sobre sexualidad, entre muchos otros retos.
Un tema prioritario, que también identificaron como pendiente, es que en las unidades de salud de primer nivel no se implementa la NOM-046-SSA2-2005 para atender a mujeres indígenas en situación de violencia familiar y sexual. Tambien, destacaron la ausencia del Estado en los servicios de salud.
Suma de las desigualdades, grandes discriminaciones
La discriminación y el racismo han llevado a que no se reconozca a las mujeres indígenas como sujetas de derechos. Por ello no se considera prioritario darles atención en salud, situación que profundiza las brechas de desigualdad. Por ejemplo, la principal razón por la que las mujeres de 15 a 49 años que no hablan alguna lengua indígena no usaron algún método anticonceptivo en su primera relación sexual es porque no planeaban tener relaciones (29.25 %), mientras que para las mujeres que sí hablan alguna lengua indígena la razón principal fue por desconocimiento de los métodos anticonceptivos (44.6 %)4. Esto tiene serias repercusiones en los proyectos de vida de mujeres indígenas, situación que es más compleja si se es joven, migrante o sólo se habla una lengua indígena.
En este escenario, y dado el compromiso que, hasta ahora sólo retóricamente, ha asumido el gobierno, es necesario implementar las acciones que garanticen el acceso y la entrega de servicio de salud de calidad para las personas indígenas en todo el territorio mexicano, urge:
Diseñar, implementar, monitorear y evaluar políticas públicas con la participación de jóvenes y mujeres indígenas, considerando sus necesidades y propuestas, además asignando a estas políticas públicas presupuesto suficiente.
Garantizar el acceso y la atención de la salud sexual y reproductiva a jóvenes y mujeres indígenas, libres de racismo y discriminación, respetando siempre su derecho a decidir de manera libre e informada sobre ella, eliminando así las posibilidades de esterilización forzada.
Garantizar la existencia de personal médico y de enfermería bilingüe, así como promotores de salud y/o intérpretes traductores de lenguas indígenas profesionalizados y capacitados en un marco de derechos humanos, género e interculturalidad.
Garantizar la disponibilidad de métodos anticonceptivos, así como el acceso informado y consentido a estos sin condicionantes.
Garantizar la elaboración de materiales de promoción de la salud sexual y reproductiva en formato audiovisual, con enfoque de interculturalidad en español y en lenguas indígenas, elaborados por personas expertas.
Implementar la NOM-046-SSA2-2005 con un enfoque intercultural con el fin de garantizar una atención oportuna a las víctimas de violencia sexual y familiar.
Los medios para lograr estos cambios ya existen, únicamente hay que retomarlos o en su caso fortalecerlos. Es urgente incrementar el número de unidades de salud culturalmente competentes5 que brinden servicios de salud sexual y no sólo reproductiva, así como las Unidades de Salud con Mecanismos Incluyentes (USAMI)6. Simultáneamente se debe fomentar la responsabilidad de contar con mínimo un enlace intercultural en las unidades de salud.
En México, los pueblos y las mujeres indígenas no piden atención preferente, únicamente exigen un Estado que les garantice sus derechos y un trato digno al ejercerlos, por lo que es fundamental transitar del discurso a la acción.
*Sharon Cano (@llunarenorahs) es feminista, maya peninsular, oficial de vinculación del Programa de Mujeres Indígenas del ILSB. Ana Laura Flores (@AniFt_) es feminista, oficial del Programa de Inovación Social y Participación Ciudadana.
2 INEGI/CONAPRED. ENADIS 2017. Principales resultados (en línea).
3 Realizado el 06 de agosto del 2020, véase en el siguiente enlace.
4 INEGI. ENADID 2018 (microdatos, en línea).
5 Estas son una acción promovida por la Dirección de Medicina.
6 Las USAMI son unidades que tienen el objetivo de brindar la atención de la salud con perspectiva de género, inclusión y pertinencia cultural libres de estigma y discriminación para lograr servicios equitativos y calidad. Lamentablemente, sólo existen 84 en toda la República y se crean dos por año.
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