Nota original: CELAG
por Sergio Pascual
Los adalides del consenso neoliberal lograron instalar durante décadas un imaginario en el que las democracias habrían dejado de ser funcionales a la disputa ideológica y al conflicto entre clases. Las reglas de la economía política se habrían fosilizado y las elecciones serían meros instrumentos agentes del reparto del poder para gestionar esas reglas desde el Estado, no para cambiarlas. Lo denominaron “fin de la historia”.
Pero la realidad es terca. Las inmensas desigualdades vigentes en América Latina imposibilitaron a sus élites económicas aplacar la demanda de cambio en las reglas del reparto de los recursos nacionales. El fin de la historia no acabó de llegar a un continente en el que los vaivenes en los ciclos políticos demostraron que, tras la mera contienda electoral entre partidos, subyacía algo más profundo: las reglas de reparto de las riquezas de la nación. Y hablar de nación, desde su alumbramiento en Westfalia a las revoluciones por la independencia, es hablar del Estado.
De este modo, los aparatos político-comunicacionales de las oligarquías económicas latinoamericanas capturaron el Estado y lo destinaron a garantizar su histórico modus vivendi, el rentismo extractivista. Para ello, los recursos administrativos del Estado se destinaron a dos funciones prioritarias: 1) garantizar el derecho a la propiedad y la seguridad jurídica conexa y 2) combatir policialmente la inestabilidad y el descontento o, lo que es lo mismo, garantizar la seguridad de la producción.
Pero, aunque se han gastado ingentes sumas y recursos en convencer a la ciudadanía de que estas y no otras deberían ser las funciones del Estado, el ejemplo de las socialdemocracias europeas y las exitosas experiencias redistributivas latinoamericanas demostraban pertinazmente lo contrario. ¿Ha penetrado eficazmente en este contexto el ideario neoliberal?
En CELAG hemos querido conocer el status quo de la disputa ideológica central de la política latinoamericana y hemos trasladado la pregunta en nuestras últimas encuestas en tres naciones del continente con itinerarios históricos muy disímiles y democracias consolidadas: México, Chile y Argentina. ¿Debería existir un Estado protector o este debería hacerse un lado y liberar las fuerzas del mercado? ¿El bienestar y el progreso de cada cual depende del papel redistributivo del Estado o exclusivamente del esfuerzo personal? ¿El Gobierno del Estado debería residir en expertos -meros gestores- o en políticos con orientación ideológica?
La primera sorprendente conclusión es que, a pesar de la heterogeneidad de las poblaciones estudiadas, encontramos patrones similares en lo que refiere a la concepción general del papel del Estado como herramienta clave para la redistribución de la riqueza. O, lo que es lo mismo, mexicanos, argentinos y chilenos tienen una concepción comunitaria de la vida en sociedad, una concepción en la que el Estado es el principal instrumento articulador de las voluntades colectivas; el principal agente para la realización de horizontes compartidos. Dos de cada tres mexicanos y cuatro de cada cinco argentinos piensan que debe aportar más quien más tiene y el 93% de los chilenos estaría de acuerdo con un impuesto a las grandes fortunas.
En términos más abstractos, la convicción se muestra consistente. Dos de cada tres mexicanos piensan que el Estado debe intervenir en la economía para corregir injusticias. Esta cifra sube al 84% de los chilenos que consideran al Estado como impulsor necesario de la economía y al 90% en el caso de Argentina.
En lo que se refiere a la corriente liberal de opinión que apunta a la tecnocracia como el horizonte deseado de gobierno, un Gobierno de gestores y técnicos frente a los problemas y miserias de la denostada política, el patrón de comportamiento nos muestra una respuesta vinculada a la coyuntura política. Efectivamente, la clase política en países con gobiernos con alto respaldo reciben el apoyo de sus ciudadanos frente a los expertos. Así, incluso en tiempos de pandemia, en momentos de fuerte demanda de certezas y auge de la opinión científica, solo cuatro de cada diez mexicanos y uno de cada cinco argentinos (uno de cada tres en el caso de los jóvenes) depositaría las decisiones en manos de expertos.
En el caso chileno, por el contrario, con un Gobierno muy golpeado y con valoración de su gestión bajo mínimos, la tendencia se invierte y dos de cada tres chilenos son partidarios de arrebatar el control al Gobierno y depositar las decisiones en manos de expertos.
Finalmente, el indicador que nos arrojó resultados más heterogéneos resultó ser aquel que indaga sobre la penetración de lo que podríamos denominar el american way of life, una suerte de calvinismo sociológico según el cual el progreso individual respondería exclusivamente al esfuerzo personal y no a las condiciones de contexto y al rol del Estado en la reducción de desigualdades y provisión de oportunidades equitativas.
Frente a esta cuestión, hasta dos de cada tres mexicanos creen que los resultados en la vida dependen exclusivamente del esfuerzo personal, una cifra que sube a 7 de cada 10 entre los jóvenes. En el extremo opuesto encontramos el caso argentino, en el que los individualistas se reducen a cuatro de cada diez con una abrupta correlación con la educación y la clase social. En el caso de Chile, muchas veces identificado como el país ejemplo del paradigma neoliberal en América Latina, se encuentra sin embargo en una situación intermedia, con su población dividida en dos partes iguales entre los individualistas y los comunitaristas. En el caso del país andino, la tendencia está fuertemente sesgada por la posición ideológica: solo uno de cada tres chilenos de izquierda por dos de cada tres chilenos de derecha tienen posiciones individualistas en lo que se refiere al triunfo personal.
Finalmente, cuando aterrizamos la filosofía política en lo concreto y preguntamos por el papel del Estado en la garantía de derechos como salud, educación o jubilación, la respuesta se torna unánime. Es absolutamente hegemónica la demanda de los latinoamericanos de un Estado que garantice y provea estos derechos, y residual el grupo de quienes apuestan por la gestión individual de los mismos.
La evidencia empírica nos estaría diciendo, por tanto, que a pesar del esfuerzo comunicativo, publicitario y de elaborado marketing político en favor de posiciones individualistas, de un Estado mínimo y de una versión liberal de la sociedad en la que el Estado se limite a garantizar los derechos de primera generación, la ciudadanía latinoamericana mantiene viva la esperanza de construir sociedades equitativas y reconoce el papel fundamental del Estado para lograrlo.
La hoja de ruta para las fuerzas progresistas latinoamericanas parece servida. No será en el espacio de las florituras discursivas, de la construcción de complejos relatos y la obsesión por el neolenguaje de la postpolítica el que logrará el apoyo de las mayorías.
Las mayorías, contrariamente, parecen seguir decantándose por sus antiguas demandas, por las cuestiones materiales concretas y la defensa de la justicia social. Quizás es tiempo de volver a levantar sus históricas banderas y reivindicaciones.
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